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En su sentencia n\u00ba 1218\/2025, de 1 de octubre<\/strong> (ECLI: ES:TS:2025:4282<\/strong>), el Alto Tribunal concluye que no es posible exigir al mismo tiempo<\/strong> los intereses de demora derivados de la suspensi\u00f3n de un acto administrativo y el recargo ejecutivo<\/strong> previsto en el art\u00edculo 28 de la Ley General Tributaria (LGT)<\/strong>, cuando la deuda ya se encontraba en periodo ejecutivo en el momento de solicitar la suspensi\u00f3n.<\/p>\n El Tribunal Supremo considera que tanto los intereses de demora por suspensi\u00f3n<\/strong> (art. 26.2.c LGT) como el recargo ejecutivo<\/strong> (art. 28 LGT) tienen una misma naturaleza indemnizatoria<\/strong>: ambos compensan el perjuicio que sufre la Hacienda P\u00fablica por el retraso en el pago de una deuda tributaria.<\/p>\n Por ello, exigirlos de forma acumulada supondr\u00eda una doble compensaci\u00f3n por un mismo concepto<\/strong>, contraria a los principios de proporcionalidad y justicia tributaria. En palabras del Supremo, la Administraci\u00f3n no puede \u201ccobrar dos veces por el mismo da\u00f1o\u201d.<\/p>\n La sentencia recuerda que:<\/p>\n El periodo ejecutivo<\/strong> comienza autom\u00e1ticamente al vencimiento del plazo de pago voluntario sin que la deuda haya sido satisfecha.<\/p>\n<\/li>\n Una vez iniciado ese periodo, la Administraci\u00f3n puede aplicar los recargos del art\u00edculo 28 LGT<\/strong> (recargos del 5 %, 10 % o 20 %, seg\u00fan el momento del ingreso).<\/p>\n<\/li>\n Los intereses de demora<\/strong> del art\u00edculo 26 LGT<\/strong> pueden devengarse, entre otros casos, cuando se acuerda la suspensi\u00f3n del acto durante un procedimiento de impugnaci\u00f3n.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n La cuesti\u00f3n analizada surge cuando el contribuyente solicita la suspensi\u00f3n una vez que la deuda ya est\u00e1 en periodo ejecutivo<\/strong>. En ese escenario, si la Administraci\u00f3n aplica el recargo ejecutivo, no puede adem\u00e1s exigir intereses de demora por la suspensi\u00f3n.<\/p>\n Esta doctrina abre la puerta a reclamar la devoluci\u00f3n de intereses indebidamente liquidados<\/strong> en supuestos donde ya se hubiera aplicado el recargo ejecutivo. En particular, afecta a los casos en los que se solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del acto una vez iniciado el procedimiento de apremio.<\/p>\n La sentencia obliga a revisar los criterios de gesti\u00f3n y recaudaci\u00f3n: cuando la deuda est\u00e9 en periodo ejecutivo, deber\u00e1 optarse entre recargo ejecutivo o intereses de demora por suspensi\u00f3n<\/strong>, pero no ambos<\/strong>. De lo contrario, la liquidaci\u00f3n ser\u00e1 improcedente.<\/p>\n El pronunciamiento se aplica \u00fanicamente cuando la solicitud de suspensi\u00f3n se presenta tras el inicio del periodo ejecutivo<\/strong>. Si la suspensi\u00f3n se acuerda antes de ese momento, la compatibilidad entre intereses y recargos podr\u00eda ser diferente.<\/p>\n La resoluci\u00f3n refuerza la seguridad jur\u00eddica de los contribuyentes y clarifica un aspecto hasta ahora controvertido en la pr\u00e1ctica administrativa y judicial. Si la deuda ya est\u00e1 en periodo ejecutivo, Hacienda no puede cobrar simult\u00e1neamente los intereses de demora por suspensi\u00f3n y el recargo ejecutivo del art\u00edculo 28 LGT. <\/strong>Este criterio unifica doctrina y marca un precedente relevante en la delimitaci\u00f3n de los derechos del contribuyente frente a la Administraci\u00f3n tributaria.#TribunalSupremo #DerechoTributario #Fiscalidad #LGT #RecargoEjecutivo #InteresesDeDemora #Suspensi\u00f3nTributaria #SeguridadJur\u00eddica #Hacienda #DoctrinaTS #SentenciaTribunalSupremo #ProcedimientoRecaudatorio #DerechoFiscal #Impuestos #TS2025<\/p>\n En su sentencia n\u00ba 1218\/2025, de 1 de octubre (ECLI: ES:TS:2025:4282), el Alto Tribunal concluye que no es posible exigir al mismo tiempo los intereses de demora derivados de la suspensi\u00f3n de un acto administrativo y el recargo ejecutivo previsto en el art\u00edculo 28 de la Ley General Tributaria (LGT), cuando la deuda ya se […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-1335","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sincategoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/politica-privacidad.com\/pablo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1335","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/politica-privacidad.com\/pablo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/politica-privacidad.com\/pablo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politica-privacidad.com\/pablo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politica-privacidad.com\/pablo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1335"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/politica-privacidad.com\/pablo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1335\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/politica-privacidad.com\/pablo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1335"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/politica-privacidad.com\/pablo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1335"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/politica-privacidad.com\/pablo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1335"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}1.Fundamento de la decisi\u00f3n<\/h3>\n
2. Contexto normativo<\/h3>\n
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3.Consecuencias pr\u00e1cticas<\/h3>\n
a)Para el contribuyente<\/h4>\n
b) Para la Administraci\u00f3n tributaria<\/h4>\n
4. Alcance de la doctrina<\/h3>\n
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